Alrededor de 20 denuncias por amenaza de tiroteos en establecimientos educativos se efectuaron esta semana y se desplegaron 2.500 efectivos policiales para reforzar la seguridad en distintos puntos de Tucumán. La situación genera preocupación en la comunidad educativa y activó investigaciones judiciales y medidas preventivas en toda la provincia.

El fiscal Ernesto Salas López de la Unidad Fiscal Criminal 2 confirmó que los reportes comenzaron la noche del martes y se multiplicaron en la provincia. Según precisó, las actuaciones se extendieron a Trancas, Tafí Viejo, Banda del Río Salí y Lules, donde se aplicaron protocolos similares.

“Hemos recibido numerosos llamados de distintas unidades policiales poniéndonos en conocimiento de hechos referidos a distintos establecimientos”, señaló el fiscal.

Sin hipótesis definida

Salas explicó que no existe una causa unificada que concentre todos los episodios y que, hasta el momento, no se logró identificar un patrón común. “Debe haber por lo menos entre 15 y 20 llamados”, sostuvo, y aclaró que no todos corresponden a hechos confirmados, sino a alertas.

“No descartamos ninguna posibilidad. Puede haber casos que sean bromas y otros que no. Todavía no tenemos una hipótesis clara de cuál es la motivación ni si todos responden a lo mismo”, afirmó.

El funcionario detalló que la Fiscalía dispuso que las autoridades escolares formalicen las denuncias, se realicen relevamientos de cámaras de seguridad y se dé intervención a Criminalística para documentar los mensajes. La información se remite al Ministerio Público para evaluar medidas procesales.

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En ese contexto, remarcó que el abordaje inicial no corresponde sólo al ámbito penal. “El primer abordaje tiene que ser en la escuela y en la familia. La justicia penal interviene como última ratio, cuando los demás sistemas han fallado”, sostuvo. También advirtió que los hechos podrían encuadrarse como amenazas o situaciones que generen alarma pública.

Refuerzo policial

El jefe de Policía, Joaquín Girvau confirmó que el operativo incluyó a las cinco unidades regionales. “Entre infantería, el Grupo Cero y la motorizada son alrededor de 2.500 los efectivos que trabajan para que se terminen estas amenazas”, indicó.

“Estamos reforzando los controles en los establecimientos educativos. Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas. Que sepan que están cometiendo un delito y que es algo serio”, afirmó.

El funcionario señaló que, de ser necesario, intensificarán la presencia en los establecimientos. Además, insistió en la responsabilidad de las familias. “Esto es innecesario porque podríamos estar presentes en otros lugares, pero estos estudiantes están cometiendo un delito y hay que caerles con todo el peso de la ley. Los padres tienen que hacerse responsables. El alumno tiene que ir a estudiar y el que haga amenazas terminará detenido”, sostuvo.

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El gobernador Osvaldo Jaldo expresó su preocupación por los hechos registrados durante la semana y advirtió sobre las consecuencias. “Lo que están haciendo los chicos es un delito: decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, afirmó. "Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”, señaló.